DERECHOS HUMANOS------SEMANARIO -115

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El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Juan Pablo II

Lunes, 08 de marzo, 2010 -
 
IMPUNIDAD. SE ACEPTARÁ RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PARA EVITAR LA CONDENA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Gelman: Uruguay "se allanará" a la denuncia y deberá dejar "sin efecto" Ley de Caducidad

Los días de vigencia de la Ley de Caducidad estarán contados a partir de que el gobierno del presidente José Mujica admita la responsabilidad del Estado uruguayo en el caso Gelman y se vea obligado a dejar "sin efecto" la ley que otorgó impunidad a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Roger Rodríguez |

Aún impune. La ley que amparó a este y otros crímenes tiene los días contados.

El Estado uruguayo designará este mes a sus defensores en el juicio que le realizará la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el caso Gelman y ya estudia un mecanismo para "allanarse" (declararse culpable) a la denuncia y evitar una condena internacional al eliminar la Ley de Caducidad de su ordenamiento jurídico.

El juicio contra Uruguay fue iniciado formalmente el 21 de enero pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya en 1992 había declarado que la Ley 15.848 era contraria a la normativa internacional y recomendó al gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle que la quitara de la legislación uruguaya.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena denunciaron a Uruguay ante la CIDH el 8 de mayo de 2006 por su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976, por la supresión de la identidad de su hija nacida en cautiverio y por la falta de investigación y justicia debido a la aplicación de esa ley.

Uruguay será juzgado por contravenir derechos humanos internacionales que garantizan la protección judicial, la vida, la libertad y la integridad de las personas, como la identidad de los niños, y que obligan a sancionar en forma seria y efectiva a los responsables de esas violaciones a las normas de convivencia entre los seres humanos.

Para la CIDH la desaparición forzada de María Claudia "es una violación continuada de múltiples de sus derechos esenciales de carácter inderogable que se prolonga hasta la fecha. Por otra parte, la falta de conocimiento de la verdad y de juzgamiento de los perpetradores de los hechos del presente caso contribuye a prolongar el sufrimiento causado (...) en perjuicio de las víctimas y sus familiares a pesar del deber del Estado de proporcionar una respuesta judicial y una reparación adecuada".

"QUE QUEDE SIN EFECTO"

Fuentes con amplio conocimiento del derecho internacional que han sido designadas en la nueva administración Mujica, confiaron a LA REPUBLICA que el Estado uruguayo no tiene "ninguna salida" en el juicio internacional por el caso Gelman y ya analiza cómo eliminar la ley, por que es el único camino para evitar una condena internacional.

"En los tres últimos años del gobierno de Tabaré (Vázquez), mientras se procesó el caso en la Comisión Interamericana, lo que se hizo fue ganar tiempo. Uruguay contestaba que la actual administración era sensible al tema derechos humanos y enumeraban sus logros, pero ni con prórrogas pudo responder al asunto Gelman", dijo el informante.

"Ahora, el caso llegó a la Corte y el Estado uruguayo no tienen otra salida que eliminar la Ley 15.848. Tiene que hacerlo más temprano que tarde y no puede arriesgarse a recibir una condena. Al iniciarse el juicio, cuando las partes presenten sus argumentos deberá allanar la denuncia, lo que implica aceptar su responsabilidad", agregó.

Según la fuente, una vez aceptada la responsabilidad del Estado uruguayo en el tema, se deberá encontrar una "fórmula" para eliminar la ley del ordenamiento jurídico nacional, ya que la CIDH entiende que a pesar de los plebiscitos que en 1989 y 2009 no lograron anular la ley, el Estado tiene mecanismos para dejar sin efecto la norma.

En su denuncia ante la Corte, la CIDH señala que, además de investigar la desaparición de María Claudia, el secuestro de Macarena y determinar las responsabilidades penales, Uruguay debe "adoptar medidas legislativas y de otra índole necesarias para que, de acuerdo con sus procesos constitucionales y las disposiciones de la Convención Americana, quede sin efecto la Ley Nº 15.848 o Ley de Caducidad".

EL TEMA EN LA AGENDA

La decisión del Estado uruguayo de "allanarse" a la denuncia y evitar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que podría implicar hasta su expulsión de la OEA), coloca el tema en la agenda del gobierno del flamante presidente José Mujica, quien no hizo referencia al tema derechos humanos en su discurso de asunción.

Mujica recibió críticas al respecto sólo horas después de los actos de toma del poder, ya que varios referentes en la lucha por la verdad y la justicia le recriminaron su indiferencia a la presencia de los familiares de los desaparecidos cuando desfilaba en su "Pepemóvil" eléctrico desde el Palacio Legislativo hacia el edificio de la Presidencia.

En el ambiente de las organizaciones de derechos humanos, también se cuestionó al nuevo presidente por una supuesta falta de "voluntad política" en el apoyo del voto rosado en la campaña de las elecciones del pasado 25 de octubre, cuando no se alcanzaron los votos necesarios en el referéndum para anular la Ley de Caducidad.

El propio Mujica debió salir el pasado 5 de marzo a explicar que durante su gestión continuará la búsqueda de los desaparecidos ("si hay un pedido expreso o surgen nuevos hechos", acotó) y que seguirá interpretando la Ley de Caducidad como lo hizo su antecesor Tabaré Vázquez, cuyo gobierno habilitó todas las investigaciones judiciales.

Mujica también decidió dar continuidad a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y se designó al Dr. Javier Miranda, hijo de un desaparecido, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, que son los únicos ámbitos para el tema hasta que no se otorgue presupuesto y se constituya el Instituto Nacional de los DDHH, creado hace un año por el Parlamento.

TRES PARA UNA FÓRMULA

Las posibilidades de que la Ley de Caducidad "quede sin efecto", como recomendó la CIDH y como exigirá la Corte Interamericana, tiene variadas y múltiples consecuencias, según cuál de los tres poderes del Estado tenga el protagonismo de crear una "fórmula" que respete, a la vez, la Constitución y las normas internacionales.

El Poder Ejecutivo puede tomar la iniciativa de enviar al Parlamento una norma que elimine la Ley 15.848 o puede ser el propio Poder Legislativo quien a través de la bancada del gobierno propicie la iniciativa legal que saque del ordenamiento jurídico uruguayo a la polémica ley, luego que dos iniciativas populares fracasaron en el intento.

La parlamentarización del tema promovería los interminables debates sobre si "derogar" la ley implica que existen cosas juzgadas que no se pueden revisar (y no se cumpliría el fallo de la Corte) y si "anular" la ley es posible ya que existen "bibliotecas jurídicas" contrarias a esa posibilidad (así lo declaró la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti).

También existe el camino de que intervenga directamente la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en el caso de los hermanos Peirano, cuya liberación ordenó como consecuencia de un fallo de la CIDH.

Una vía posible cuando la mayoría de los actuales magistrados ya declararon la inconstitucional de la Ley de Caducidad en un caso.

Sea cual sea la fórmula que se adopte, lo que parece claro es que los días de vigencia de la Ley de Caducidad están contados y que, más allá de las ambiguas señales del nuevo gobierno, el tema de los derechos humanos estará presente en los próximos cinco años con la reapertura de decenas de casos que fueron amparados en la impunidad.

 

¿Quién mató a Orlando Zapata?

YOANI SÁNCHEZ 26/02/2010

El cuerpo enflaquece, la mente se va y los miembros inferiores comienzan a hincharse. Una huelga de hambre hace que la existencia se escape poco a poco, hasta que se desdibuja el rostro de la madre sentada frente a la cama y pierde fuerza el rayo de luz que entra por la ventana. Durante 86 días Orlando Zapata Tamayo transitó del desconsuelo a la muerte. Se fue apagando, con una voluntad que ha dejado consternados a los amigos y molestos a sus opresores. Acostumbrados a disponer de su cuerpo y del herrumbroso cerrojo de su calabozo, los carceleros sienten ahora que este hombre de 42 años se les ha ido por la única salida que ellos no pueden controlar: la muerte.

"Se ensañaron con él por ser negro"

El régimen pone cerco al funeral de Zapata

Zapatero pide con un día de retraso la liberación de los presos políticos

Cuatro presos políticos y un periodista disidente hacen huelga de hambre en Cuba

24-02-2010

Juzgado a la velocidad del vértigo en marzo de 2003, Zapata Tamayo fue víctima de aquel escarmiento -conocido como la Primavera Negra- que el gobierno cubano quiso darle a la oposición. Era fundador del partido Alternativa Republicana y activista frecuente a la hora de demandar la liberación de sus compañeros de causa. Después de su llegada a prisión lo condenaron en nueve juicios sumarios a penas que llegaron hasta los 56 años. Un gesto "magnánimo" los redujo a 25 largos veranos tras las rejas. Todo esto fue dictaminado en tribunales que parecían obedecer más a códigos militares que civiles. Después llegó la soledad de una celda tapiada, los malos tratos, las palizas y con ello terminó la ilusión de que un preso no condenado a muerte tiene derecho a que le respeten la vida.

Al cancelarse la visita a Cuba del relator de las Naciones Unidas contra la tortura, terminó para muchos la esperanza de ser rescatados de los malos tratos en los penales. Aprovechándose de su impunidad, los guardas metieron a Orlando en un espacio breve, donde tenía que compartir el suelo con las ratas y las cucarachas. Le gritaban por la rendija de una puerta de hierro que no iba a salirse con la suya, pues en una prisión revolucionaria un preso político equivale a los gorgojos que acompañan -permanentemente- al arroz. Se resistió a ponerse el uniforme de presidiario y eso le trajo otra andanada de golpes y el punzante castigo de reducirle las visitas de sus familiares. Cuando abrieron el sitio donde lo habían enterrado vivo, ya el daño era irreversible y la culpa salpicaba hasta la mismísima silla del actual presidente cubano.

A Zapata Tamayo no lo mató la huelga de hambre, sino el sombrío oficial que lo encerró en aquel hoyo y el director de la prisión Kilo 8 en Camagüey que ordenó su castigo. Contribuyeron también a su deceso las manos enfundadas en guantes de látex que prefirieron mantener el empleo en el hospital antes que denunciar el estado maltrecho al que habían dejado llegar su cuerpo. La máxima responsabilidad de su final la tiene un gobierno que prefirió mostrarse intransigente y enérgico antes que proveerle de ciertas mejorías en su vida carcelaria. Para confirmarnos en esa idea, un día después de ocurrida la muerte, Raúl Castro perdió la oportunidad de acortar la distancia entre lamentar su deceso y pedirles disculpas a sus familiares. Con sus breves palabras exentas de autocrítica, nos corroboró lo que muchos sospechábamos desde el principio, que el general no era ajeno al maltrato, la dejadez y el terror que terminaron con Orlando.

27 Febrero 2010

Cinco opositores se suman a la huelga de hambre

El ex preso político Guillermo Fariñas, de 48 años, un beligerante opositor, periodista independiente y que ya ha realizado varias huelgas de hambre, se halla en su casa, en Placetas, en la central provincia de Villa Clara.

Disidentes inician la medida tras la muerte del preso político Orlando Zapata, que falleció el martes después de dos meses y medio sin alimentos. Varios gobiernos piden la liberación de presos de conciencia, pero La Habana niega que existan detenidos de este tipo. El presidente brasileño Inacio Lula da Silva se niega a pronunciarse sobre la muerte del opositor.

La huelga de hambre que le costó la vida el martes al preso político Orlando Zapata continúa a través de cinco disidentes cubanos que han decidido continuar con la medida.

Los cuatro prisioneros Diosdado González (de 47 años), Eduardo Díaz (58), Fidel Suárez (49) y Nelson Molinet (45) recluidos en dos cárceles de seguridad de Pinar del Río -150 km al oeste de La Habana-, resolvieron emular a Zapata, quien falleció tras una huelga de hambre de dos meses y medio, informó la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDHRN).

Un quinto disidente, el ex preso político Guillermo Fariñas, de 48 años, un periodista independiente que ya ha realizado varias huelgas de hambre, se halla en su casa, en Placetas, en la central provincia de Villa Clara, y "se niega incluso a tomar agua" desde la noche del miércoles, añadió la nota.

"Teníamos temor a un efecto dominó, muy peligroso, después del fallecimiento de Zapata. La Comisión se opone a las protestas por huelga de hambre, por el principio de preservar la vida. Además, el gobierno de Cuba no responde humanamente a esta clase de protestas pacíficas", declaró el disidente Elizardo Sánchez, portavoz de la CCDHRN.

González, Suárez y Molinet, quienes cumplen condenas de 20 años, y Suárez, de 21, fueron detenidos en 2003 en la operación de arresto de 75 opositores, sentenciados a largas penas acusados de servir a Estados Unidos, lo que provocó la condena internacional y el congelamiento de las relaciones con la Unión Europea.

"Los cuatro fueron trasladados a celdas de alto castigo y confinamiento solitario", dijo el vocero de la CCDHRN.

Sánchez se mostró especialmente preocupado por Fariñas, quien ha sido detenido en varias ocasiones por su labor opositora, está bajo licencia extrapenal por motivos de salud y ha realizado una veintena de huelgas de hambre, una de las últimas de varios meses para reclamar acceso a internet.

Zapata, de 42 años, detenido en 2003 y quien cumplía una suma de 32 años de condenas por desacato a las autoridades, desorden y otros cargos, murió el martes en un hospital de La Habana y su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Banes, en la provincia de Holguín, donde fue sepultado el jueves.

Lula prefiere no opinar

Varios gobiernos reclamaron tras la muerte de Zapata la liberación de presos políticos, pero La Habana asegura que existan detenidos de este tipo. Según las autoridades, estos individuos fueron encarcelados por representaban un peligro para la seguridad del Estado y de la población.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, no quiso pronunciarse, este viernes en San Salvador, sobre la muerte del preso político cubano Orlando Zapata, cuando se encontraba de visita en Cuba.

"No podemos juzgar a un país o la actitud de un gobernante en función de la actitud de un ciudadano que decide empezar una huelga de hambre", respondió Lula a la única pregunta de un periodista luego de firmar acuerdos de cooperación con el presidente salvadoreño Mauricio Funes.

Simpatizantes de C's rinden homenaje a Orlando Zapata ante el Consulado de Cuba

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Foto: REUTERS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos cincuenta simpatizantes de C's se congregaron ante el Consulado de Cuba en Barcelona para guardar un minuto de silencio en memoria de Orlando Zapata, el disidente castrista que falleció tras 85 días en huelga de hambre, informó el partido en un comunicado.

Los convocados depositaron también en la fachado 85 claveles, en recuerdo de los días que aguantó Zapata sin comer, y exigieron al Gobierno español que no sea "connivente" con una dictadura opresora.

El líder de C's, Albert Rivera, expresó su condena al "régimen cubano", por considerar que no existen libertades fundamentales y continúan habiendo presos políticos en pleno siglo XXI.

Viernes 26 febrero 2010

Diario británico revela que la OTAN asesinó diez menores afganos

El ataque nocturno que las fuerzas internacionales llevaron a cabo el pasado mes de diciembre en el este de Afganistán en el que murieron diez menores de entre 12 y 18 años, ocho de ellos de una misma familia, se ejecutó en base a información de Inteligencia errónea y no debería haber sido autorizado, según informa este jueves el diario británico ‘The Times‘, que ha investigado lo sucedido.

Cuando se produjo el ataque, la OTAN aseguró que la fuerza de asalto tenía como objetivo un "conocido grupo insurgente responsable de una serie de violentos ataques" y por eso irrumpieron en un recinto en una zona montañosa cerca de la frontera con Pakistán.

Sin embargo, fuentes occidentales próxima al caso han admitido ahora, según el diario, que las víctimas eran todas menores de entre 12 y 18 años y que no estaban involucrados en la actividad insurgente.

De acuerdo con fuentes de la OTAN, la redada nunca debería haber sido autorizada. "Sabiendo lo que sabemos ahora, probablemente no habría sido un ataque justificable", admitió un responsable en Kabul.

Cuando se conoció la noticia de la operación hace ocho semanas, ‘The Times’ contactó con el jefe de la Policía de la provincia de Kunar y con el tutor y tío de los chicos, Rahman Jan Ehsas. Además, dos hombres cuyos hijos habían muerto accedieron a ir a Kabul para describir el incidente y aportaron fotos de sus hijos muertos. Su historia, según el diario británico, fue respaldada por fuentes militares occidentales.

Farooq Abdul Ajan, que perdió dos hijos, dos hermanos, tres sobrinos y un primo en el ataque, dijo que los soldados aliados no sabían a quién estaban matando. Los investigadores afganos, las autoridades locales y los diputados de la provincia mantienen igualmente que los chicos eran inocentes.

En su comunicado cuatro días después del ataque, la OTAN dijo que sus tropas fueron atacadas "desde varios edificios" cuando entraron en la localidad, sin embargo ayer reconocieron que "en último término, determinamos que se trató de un incidente con víctimas civiles".

Tampoco está claro quién llevó a cabo el ataque. Algunos apuntan a que hubo fuerzas estadounidenses presentes pero no dirigieron la operación, mientras que la OTAN insiste en que las tropas no formaban parte de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF). Las fuerzas norteamericanas apostadas en Kunar niegan estar al tanto del ataque.

Por su parte, altos responsables occidentales han dejado entrever, según el diario, que quieres abrieron fuego fueron soldados afganos, pero el Ministerio de Defensa afgano asegura que sus tropas no estuvieron implicadas.

 

Vida secuestrada
Por CARLOS MIGUÉLEZ MONROY. La acogida de presos de Guantánamo no devuelve los años perdidos ni repara a las víctimas de torturas y tratos degradantes. Tendrán que exigirse reparaciones civiles y posibles responsabilidades penales por crímenes contra la humanidad.

En 2002, un palestino herido en Afganistán es capturado en Pakistán y trasladado a una cárcel estadounidense en territorio cubano. En 2010 es enviado a España, país con el que no comparte historia, cultura, lazos familiares ni amistades. No se trata de ficción alguna, sino de la historia de Walid Ibrahim Abu Hijazi, el primero de los cinco presos de Guantánamo con derecho a asilo en España “por razones humanitarias”. Ningún “gesto humanitario” le devolverá esos ocho años perdidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó su liberación de Guantánamo en 2008, pues no había cargos contra él. Su libertad llega dos años después. Tendrá permiso de residencia y de trabajo en España.

El “gesto” del Gobierno español no exonera de responsabilidad penal a quienes hayan participado en la violación de derechos reconocidos en distintos tratados internacionales de derechos humanos, inspirados en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tampoco sustituye ninguna posible reparación civil por daños de Estados infractores.

Este deber de reparar y de buscar responsables no comienza ni termina con Hijazi, pues miles de detenidos han pasado por Guantánamo, por la prisión de Bagram, por Abu Ghraib y las cárceles secretas que se han descubierto en países de Europa del Este y otras tantas de países como Kenia y Egipto.
La llegada del ciudadano palestino a España coincide con la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no perseguir a sus políticos que forzaron una ingeniería jurídica por parte de sus abogados para blindarse. Utilizaron la excusa de un “estado de excepción” en el marco de la “lucha contra el terrorismo” para permitir secuestro, tortura y suspensión del derecho a un juicio justo. Ni siquiera respetaron las Convenciones de Ginebra con el argumento de se encontraban frente a “combatientes ilegales” y no a “enemigos de guerra”.

Tampoco se perseguirá a los abogados de la Casa Blanca que cedieron a la presión, ni a los órganos judiciales que permitieron que los poderes políticos transgredieran la separación de poderes que garantiza la independencia judicial y que garantiza el funcionamiento del Estado de Derecho.

Estados Unidos no ha actuado solo en secuestros de supuestos terroristas como el de de Abu Omar en 2003, en el centro de Milán.

Participaron la CIA, la policía italiana, el Gobierno de Egipto, que permitió que fuera recluido y torturado en una de sus cárceles y los países que consintieron escalas en sus aeropuertos. Así lo estima el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que analiza la repercusión que han tenido los nueve años de “lucha contra el terrorismo” en los derechos humanos.

La implicación de los países se determina por distintos criterios. Si un país ha pedido a otro que detenga de forma secreta a una persona; si aprovecha el secretismo de la detención para obtener información del preso o si obtiene información del país donde está retenido; si ha participado en el arresto o en el traslado con el conocimiento de que acabaría en una cárcel secreta o de que ha sido detenido de forma irregular; si fracasa a la hora de identificar personas y aviones que circulan por sus y aeropuertos.

El Consejo de Derechos Humanos advierte de que ningún supuesto “estado de excepción”, “conflicto armado” o “amenaza terrorista” suspenden derechos  fundamentales. Las auténticas pruebas para un Estado de Derecho comprometido con las garantías individuales y los derechos humanos no surgen en épocas de tranquilidad, sino en épocas de conflicto que ponen a prueba los valores de la libertad y la democracia.

Los Gobiernos occidentales no han estado a la altura de su teórico compromiso con esos valores. Reino Unido se ve implicado en la falsificación de pasaportes de miembros de el MOSAD para asesinar a un miembro de Hamas y España no mantiene la coherencia que caracterizó a su política exterior en los último cuatro años de la era Bush.

Con la próxima llegada de otros presos de Guantánamo a España y otros países, podrían plantearse demandas civiles y penales por violaciones de derechos humanos. Llegará el momento no sólo de reparar y de exigir responsabilidades, sino de garantizar que no se repetirán crímenes contra la humanidad en nombre de la “seguridad”.

 

 

Las FARC fusilan a sus propios guerrilleros

POR GONZALO GUILLEN

Un niño guerrillero de 15 años, apodado "Yamid'', fue sometido en junio de 2008 a un "juicio revolucionario'' en el que no pudo defenderse y resultó condenado a la pena de muerte que se le aplicó enseguida.

Su presunto delito consistió en haber mostrado un "apetito pequeño burgués'' cuando pidió, muerto de hambre, un huevo frito adicional en un modesto restaurante en el que almorzó con cuatro compañeros mayores a los que ayudaba a espiar en el pueblo amazónico de Curillo, departamento de Putumayo, cerca de Ecuador.

Por los mismos días otro chico, "Holman'', le robó un cigarrillo a un compañero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la misma región y el tribunal que lo juzgó de inmediato por quebrantar "la moral revolucionaria'' lo sentenció a morir.

También en Putumayo, otro guerrillero llamado "Robledo'' fue condenado a morir en marzo del 2009 por fusilamiento, pero su ejecutor pidió aminorar la pena, de acuerdo con el documento del caso entregado por la Policía Nacional a El Nuevo Herald.

"Es mejor cambiársela por sanción, pero para dejarlo ir para la casa de él'', argumentó el ejecutor de la sentencia.

El propósito de la petición, sin embargo, no tenía nada de bondadoso.

"Si lo dejamos pagando sanción, se agrava de nuevo por la tuberculosis y nos toca otra vez comprarle el tratamiento y no paga tanto esfuerzo por un sinvergüenza'', opinó el verdugo.

La razón aducida para dejarlo ir a morir con los suyos era todavía más siniestra:

"Esto ya tendría otra presentación, porque es que el hombre tiene como siete hermanas. El es el único varón y la mayoría de ellas terminan ingresando al Movimiento, más otro poco de sobrinos..."

Así, parecía necesario mantener una buena imagen frente a aquella familia campesina del Putumayo.

"Si lo fusilamos, pudiendo él morir de otra manera, ahuyentamos toda esa gallada [grupo] de viejas [mujeres] y nos creamos un problema que podemos evitar''.

La información de estos casos se encuentra en manos de la Fiscalía General y está respaldada con testimonios y documentos, electrónicos y físicos, que le fueron incautados por la Policía y el Ejército a la jefatura del frente 48 de las FARC, comandado por el jefe guerrillero conocido como "Edgar Tovar''.

En la computadora de Tovar, los fiscales encontraron una lista de 25 escarmientos previstos para castigar faltas de la tropa del frente 48, adicionales a las que las FARC ya aplican en todo el país de hace tiempo.

El número seis dispone que "por tener las mujeres dos pares de aretes puestos'' el castigo consiste en obligarlas a construir "70 metros de empalizado con vara larga, redonda y gruesa''.

El código indica que en caso de reincidencia en esa o cualquier otra falta, "la sanción es más drástica y se puede convocar al consejo revolucionario de guerra''.

Este tipo de tribunales solamente se integran en las FARC para estudiar casos en que una de las penas por imponer sea la de muerte.

El artículo 20 del frente 48 dispone que, además de robar, el supuesto delito de "la chismografía'' exige la convocatoria de un consejo revolucionario.

Dice, por su parte, el número 23: "Por dormir en ropa interior [el castigo consiste en construir] 35 metros de trinchera de 1,40 x 0,80 mts''.

"Dormir en cama sin autorización'' conlleva como castigo la construcción sin ayuda de "70 mts. de letrina de 0.60 x 0.25 mts''.

Los guerrilleros rasos, que en su mayor parte son menores de edad, deben dormir en el suelo.

Una gran proporción de los guerrilleros de las FARC, además, han sido reclutados por la fuerza y se les hace saber que si eluden la guardia de otros, el castigo puede ser la pena capital. La misma sanción se aplica para cualquier intento de insubordinación.

Otras conductas sancionables son la mala preparación de los alimentos, bañarse sin permiso y sin vigilancia de otros o mantener armas en estado de suciedad.

Los frentes de guerra de las FARC algunas veces matan a más gente dentro de sus propias filas que en combates contra la fuerza pública o en los asaltos a poblaciones y caminos.

En la región oriental de la Serranía de la Macarena, donde se esconde Jorge Briceño, alias "Mono Jojoy'', jefe militar de las FARC, el Ejército Nacional ha recopilado información sobre abundantes fosas comunes en las que han sido sepultados decenas de jovencitos reclutados por la fuerza.

Según las Fuerzas Armadas, mientras trata de huir de la persecución en su contra, Mono Jojoy --ahora enfermo de diabetes-- suele imaginar que algunos guerrilleros nuevos en realidad son infiltrados del Ejército y ordena su fusilamiento sin fórmula de juicio.

Algunas de estas fosas ya han sido encontradas y a otras las tropas no han podido aproximarse por estar cerradas con círculos de campos minados.

Los guerrilleros que han desertado o sido capturados en la región suroccidental del departamento andino de Tolima, han entregado versiones a la justicia en el sentido de que "Alfonso Cano'', jefe máximo de la organización, también suele ordenar fusilamientos, a veces masivos, de jóvenes nuevos incorporados a sus propias tropas.

Las mujeres enlistadas en las FARC tienen prohibido de manera terminante quedar encintas. Cuando eso ocurre, las "culpables'' son obligadas a abortar o son separadas de sus hijos apenas nacen.

Estas normas son tan antiguas en las FARC que el 29 de enero pasado, en Bogotá, una ex guerrillera desertora, agobiada por el llanto, se reencontró por primera vez con su hijo de 22 años. Había sido obligada a entregarlo recién nacido a una pareja de campesinos.

Durante los 25 años que permaneció en la guerrilla, contó que nunca se le permitió ir a buscar a hijo pero siempre creyó que iba a encontrarlo vivo.

"Saber que yo no lo podía criar, que nunca íbamos a poder vivir con tranquilidad, fue lo que me hizo dejarlo'', contó esta ex guerrillera de 44 años.

Amnistiada por el gobierno tras haber desertado en agosto pasado, la ex guerrillera se trenzó en un prolongado abrazo con su hijo, hoy administrador de empresas.

Explicó que se separó de él "desde que nació y porque tuve que salir a los pocos días por un combate que se estaba dando en la zona''.

El reencuentro ocurrió en una oficina del gobierno y las identidades de ambos no han sido reveladas por temor a represalias de las FARC.

Los tratos crueles y degradantes de las FARC con las mujeres y los niños han sido consuetudinarios.

En febrero del 2008, el gobierno de Colombia pidió abrir dos casos penales contra las FARC y uno de sus máximos jefes, Luis Edgar Devia Silva alias "Raúl Reyes'', en la Fiscalía General y la Corte Penal Internacional. En las dos demandas el auto cabeza de proceso es una investigación publicada por El Nuevo Herald el 3 de febrero del 2008.

La noticia, que causó indignación internacional, revelaba que Reyes mantenía a su disposición a niñas campesinas e indígenas secuestradas por las FARC para satisfacer sus afanes sexuales. Las raptaban vírgenes y él consideraba que era la mejor manera de evitar enfermedades como el sida.

Los expedientes siguen abiertos pues aunque Reyes murió en el 2008 durante un operativo del ejército colombiano contra un campamento de las FARC en Ecuador, las denuncias piden encontrar y castigar a los cómplices.

Los casos los planteó el Ministerio de Interior y Justicia "por secuestrar niñas menores de edad y explotarlas sexualmente''.

ESPAÑA

La Policía ordena iniciar la expulsión de inmigrantes a "la mayor brevedad" y detener a quien no presente los papeles

La Dirección General de Policía y Guardia Civil ha difundido una circular "de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía" en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la "mayor brevedad posible" y que sean detenidos los inmigrantes que no puedan acreditar que residen legalmente en España.

Esta circular, firmada el 25 de enero por el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda, tiene un carácter especialmente reservado y así queda reflejado en todas y cada una de sus 29 páginas, en las que se puede leer un recuadro que indica: "Documento de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía. Prohibida su reproducción, difusión o publicación o utilización por personal ajeno a estas unidades".

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, persigue "abordar de la forma más concreta posible las previsiones legales que fueron y son objeto de mayores controversias y las actuaciones policiales que las mismas posibilitan o imponen realizar" desde la entrada en vigor, el pasado mes de diciembre, de la nueva Ley de Extranjería.

Sin embargo, el texto cita otra ley, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada en 1992 y según la cual todos los extranjeros que se encuentren en España "tienen la obligación de acreditar que se hallan legalmente". Según la interpretación que se da en la circular, esa ley permite a los agentes trasladar a dependencias policiales a los inmigrantes que no puedan cumplir con la citada "obligación".

En este sentido, el texto recuerda a los agentes que tienen dos opciones para trasladar a comisaría a un extranjero no identificado: conducir al individuo a efectos de identificación o llevarle en calidad de detenido, de forma que el inmigrante sería privado de libertad en dependencias policiales mientras se realizan las actuaciones necesarias para probar si se encuentra o no regularmente en España y cuáles son sus circunstancias.

Según la circular, esto supone una detención preventiva y por tanto no puede prolongarse más allá de 72 horas, tiempo durante el que el funcionario deberá dar luz verde al llamado "acuerdo de iniciación" que pone en marcha el procedimiento de expulsión, ya sea por el proceso ordinario, que da un tiempo al extranjero para abandonar voluntariamente el país, o por el preferente. En cualquier caso, este trámite deberá hacerse a "la mayor brevedad posible", afirma.

A LA MAYOR BREVEDAD

Para acortar tiempos, la circular recuerda la figura de la "delegación de la firma". Según explica, se trata de una medida "eficaz" establecida en el año 2000 "para que en los casos de ausencia del titular del órgano competente para dictar el acuerdo de iniciación del expediente sancionador de expulsión, no se demorase la permanencia del extranjero en la Comisaría sin haberse adoptado dicho acuerdo".

En este sentido, aclara que actualmente "de forma expresa el artículo 115 del Reglamento de Extranjería atribuye la competencia para ordenar la incoación del procedimiento sancionador a: el Comisario General de Extranjería y Fronteras, al jefe Superior de Policía, a los Comisarios Provinciales y a los titulares de las comisarías locales y puestos fronterizos. En suma, todos los titulares de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía".

RECURSO DEL EXTRANJERO Y PAPELES EN EL CIE

Otro de los asuntos a los que hace referencia esta circular es el derecho que tiene el extranjero de hacer constar su voluntad de recurrir su expulsión como requisito para disfrutar de asistencia jurídica gratuita. "Sobre este particular se recuerda que en tanto en cuanto no se dicte el Reglamento de esta Ley, en el que se concretará la forma en que ha de cumplirse (...) lo más fácil es entender que en tanto en cuanto no se produzca este nacimiento normativo no es obligado su cumplimiento".

"Lo más cierto es que nos encontramos con que son los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los que tienen bajo su custodia a los extranjeros que se hallen en privación de libertad por infracciones a la Ley de Extranjería y también que el hecho de extender un acta en el que conste la voluntad expresa de recurrir judicialmente la resolución administrativa no incide negativamente en el actuar policial, sino más bien puede considerarse como un derecho del detenido a manifestar o declarar lo que le convenga", explica.

Por otra parte, en este escrito interno difundido a todas las comisarías también se reitera una serie de requisitos mínimos sobre la documentación que ha de acompañar al extranjero cuando se procede a su traslado en CIE. "Se ha de indicar que algunos de los directores de los Centros de Internamiento de Extranjeros han reiterado que cuando reciben a un extranjero, ese no viene acompañado de toda la documentación que, como mínima, esta Comisaría General ha indicado en anteriores Circulares", argumenta.

 

 

Empresa y derechos humanos

No basta con que las empresas asuman su responsabilidad corporativa. Es necesario que asuman su obligación de respetar los derechos humanos, no como una opción voluntaria.

El discurso de los derechos humanos ha irrumpido en el mundo de la empresa desde hace años, pero especialmente desde que Naciones Unidas aprobara unas Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos humanos, y desde que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitara el nombramiento de un Representante Especial para estos temas. La resolución fue aprobada con el voto de 49 países, entre 53, y con la oposición de Estados Unidos, y en agosto de 2005 John Ruggie fue elegido para ese cargo. ¿Por qué era imprescindible abrir un ámbito explícito de reflexión y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial?

El recuerdo de catástrofes como la de Union Carbide en Bhopal (India) en 1984, que causó la muerte de miles de personas y la enfermedad de casi 200.000, las condiciones de explotación en que trabajan gentes en fábricas y plantaciones en distintos lugares del mundo, las consecuencias de las patentes farmacéuticas en las muertes por sida y otras enfermedades, la restricción de libertades, como las de expresión o asociación, en países del Sur, ayuda a encontrar una respuesta.

No basta con que las empresas asuman voluntariamente su responsabilidad corporativa y hagan un triple balance económico, social y medioambiental. Es necesario que respeten esos derechos y que lo hagan como una obligación de justicia básica, no como una opción voluntaria.

En 1999, el anterior Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó a las empresas a sumarse a un Pacto Mundial para fomentar buenas prácticas en el terreno de derechos humanos, laborales, medioambientales y en la lucha contra la corrupción. Pero no basta con eso, menos todavía en un mundo globalizado, cuando en una gran cantidad de países del Sur existen enormes vacíos legales que impiden defender a sus habitantes frente a actividades inhumanas de algunas empresas autóctonas, pero también transnacionales. Por eso se hizo necesario ir más allá del Pacto Mundial y de la Responsabilidad Social Empresarial, hacia algo tan básico como el ámbito referido a Empresa y Derechos humanos.

En este sentido, Ruggie recomienda promover un nuevo marco normativo internacional, centrado en tres pilares: el deber estatal de proteger los derechos humanos, la obligación empresarial de respetarlos, y la promoción de mecanismos para reparar las violaciones. "Proteger, respetar, remediar" es el nuevo mantra, que han de asumir Estados y empresas de cualquier dimensión y grado de complejidad, pero especialmente las transnacionales, porque no sólo los individuos son responsables de sus actuaciones, lo son también las organizaciones, algunas de las cuales tienen un enorme poder. Y a mayor poder, mayor responsabilidad.

Es urgente integrar el respeto por los derechos humanos en el núcleo duro de la empresa, identificar los aspectos de la actividad empresarial que afectan a derechos básicos, diseñar prácticas de respeto, adoptar indicadores para evaluarlas y someterse al control de auditorías internas y externas. Todo ello compone un êthos, un carácter de la empresa, que tiene que ser asumido desde dentro.

Están en juego derechos de las tres generaciones, desde el derecho a la vida, en casos como el de Bhopal, la fabricación y el comercio de armas, las patentes, el precio de los alimentos y tantos otros, pasando por la libre expresión de quejas, la libre asociación, la no discriminación, el salario digno para mantener una familia, la no explotación infantil ni de adultos o la seguridad, hasta el derecho al desarrollo. Imposible será avanzar en los siempre aplazados Objetivos de Desarrollo del Milenio, si no se suman las empresas.

A día de hoy, el asunto está en la calle, con dos desafíos principales: las empresas, como cualquier organización humana, están obligadas a respetar los derechos humanos, a no dañar; pero también pueden promover su protección dentro de su área de influencia, pueden sí apoyar su protección positivamente.

Las empresas pueden ayudar a romper el círculo vicioso de las violaciones que se instala en países con lagunas legislativas y gubernamentales, y dar comienzo al círculo virtuoso de las buenas prácticas. Como bien ha dicho Sen, una empresa ética es un bien público, del que se beneficia la sociedad en su conjunto. Pero también pueden tratar de influir en el gobierno y en la sociedad para que se genere y se ponga en vigor una legislación acorde con los derechos humanos. Proteger no es sólo tarea de los Estados, a la empresa ciudadana cabe también la tarea de promover la protección, teniendo en cuenta que hoy la ciudadanía no puede ser sino local y cosmopolita a la vez.

Adela Cortina

Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Los abogados dijeron en esa ocasión que el fallo representaba la "primera vez que un tribunal de EE.UU. responsabilizó a una compañía que negocia con Cuba por trabajos forzados y abusos a los derechos humanos incurridos en forma concertada con el régimen cubano''.

8 de Febrero 2010


02.22.10
 
Médicos cubanos demandan a Cuba y Venezuela por 'esclavitud moderna'

El presidente venezolano y el mandatario cubano durante la clausura de la reunión del ALBA en La Habana, el pasado 14 de diciembre.AP

POR SONIA OSORIO / EFE

Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal de este último país PDVSA por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de "esclavos modernos'', como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo.

Los demandados, "intencional y arbitrariamente'', colocaron a los profesionales de la salud en "condición de servidumbre por deuda'' y éstos se convirtieron en "esclavos económicos'' y promotores políticos, según el documento de la demanda presentada en EE.UU., al que Efe tuvo acceso.

La demanda fue interpuesta el pasado viernes ante un tribunal federal de Miami (EEUU) por los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.

Con la acción legal, que fue asignada a la juez Patricia A. Seitz, los demandantes buscan una indemnización que sobrepasa los 50 millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados defensores.

''Queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial de los estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos'', informó a Efe el letrado.

En la demanda, el abogado Leonardo Arístides Cantón, que lidera la defensa, argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño'' y "amenazas'' y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión "Barrio Adentro'', en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la ‘‘beligerante'' frontera con Colombia.

''Barrio Adentro'' es un programa del gobierno de Venezuela que utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de salud en las zonas pobres del país.

La presencia de los profesionales de salud en la nación suramericana es posible mediante el convenio integral de cooperación firmado entre Cuba y Venezuela en el 2000 y modificado y ampliado en el 2004.

El acuerdo establece que La Habana enviará a Venezuela profesionales del sector de salud a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo suministrados a través de PDVSA.

Algunos de esos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras violadas, de acuerdo con la demanda.

Cantón dijo que ambas naciones han colocado a personas inocentes y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y servidumbre por deuda, una "versión moderna de la esclavitud''.

Los dos países, según el abogado, se han unido en una conspiración sin precedentes en la historia contemporánea, con la única excepción de la esclavitud de la Alemania nazi, en el uso de trabajo forzado.

Subrayó también que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial''.

El gobierno venezolano persigue, intima, captura y hace regresar a Cuba a médicos y otros profesionales de la salud que se niegan a realizar trabajos forzados o que intenten obtener su libertad para salir del país suramericano, según el documento judicial.

Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la medicina en la nación andina violando las leyes de ese país.

Los médicos y el enfermero fueron sometidos por funcionarios de seguridad de Cuba y Venezuela a una estricta vigilancia y control de sus movimientos, de sus relaciones, además de ser intimidados y coaccionados, de acuerdo con la demanda.

Los demandantes lograron escapar y llegar a Estados Unidos, país que les otorgó visas.

Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna'' que se interpone en un tribunal de Miami.

En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía indemnizar con 80 millones de dólares a tres cubanos que alegaron que fueron enviados por Cuba a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo condiciones "inhumanas y degradantes'' para pagar deudas.

Autor: Agencias, Rev. esp. Blogg