En estos nuevos pujos conflictivos entre Uruguay y Argentina, además de cuestiones económicas y políticas de cada uno de los países, se mezclan diferencias internas en los dos gobiernos

Gonzalo Ferreira 07.08.2012

Los trancazos entre Argentina y Uruguay son históricos y parecen de nunca acabar. En general las razones de las disputas son diversas y responden a diferentes lógicas e intereses. En estos nuevos pujos conflictivos, además de cuestiones económicas y políticas de cada uno de los países, se mezclan diferencias internas en los dos gobiernos.

La semana pasada, luego del encuentro en Brasilia entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, en el gobierno uruguayo se volvieron a Montevideo con la idea que había que esperar, no hacer olas y dejar que algunas diferencias internas del otro lado del río decantaran solas. Con la esperanza de calmar las tensiones y cumplir con eso, Uruguay dejó sin contestar dos duros comunicados argentinos.  Pero a las pocas horas el canciller de ese país, Héctor Timerman, volvió a arremeter: apuntó primero en una carta privada de protesta contra la producción de UPM (ex Botnia).

                                     EMBAJADOR FRANCISCO BUSTILLO

Al día siguiente –el sábado– pidió la cabeza del presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo . Lo que molestó al gobierno de ese país es que la cancillería uruguaya dejara trascender en el semanario Brecha que entregará a la Justicia las actas de la CARP donde Bustillo dejó estampadas los supuestos actos delictivos. Según informó el sábado El Observador, la Justicia ya pidió esos documentos.

El canciller Luis Almagro tiene –por ahora– todo el respaldo del presidente José Mujica. Sin embargo, en la interna del gobierno la mayoría coincide en que el diplomático de carrera –devenido en militante del Movimiento de Participación Popular (MPP)– ha quedado debilitado luego de varias acciones. En el último mes hubo tres asuntos que lo terminaron de poner en la picota.  

El primero fue el ingreso de Venezuela al Mercosur. Tras la suspensión de Paraguay, por considerar que se violó la cláusula democrática del bloque, Argentina y Brasil presionaron fuerte para aprovechar esa salida y hacer entrar a Venezuela por la ventana. Como el congreso de Paraguay era el único que no había avalado el ingreso, interpretaron que  el camino quedaba libre. A fines de junio, durante las reuniones de cancilleres del bloque en la cumbre de Mendoza,  Almagro sostuvo la tesis contraria a sus colegas. Pese a que Uruguay defiende el ingreso de Venezuela, el gobierno entendía que de esa manera no podía ingresar. Sin embargo, al día siguiente y en una reunión privada de los presidentes, José Mujica avaló la postura de sus colegas Dilma Rousseff y Cristina Fernández.  Almagro volvió a Montevideo y tuvo que justificar lo injustificable. Durante toda la semana anterior había declarado que Venezuela no iba a ingresar con Paraguay suspendido y los hechos lo desmintieron. Se despegó de los argumentos del bloque, dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que se dieron las cosas y agregó que el presidente se basó en criterios de “realpolitik” para cambiar de postura.

El segundo hecho que debilitó al canciller fue la decisión de Mujica de concentrar en Presidencia la relación bilateral con Brasil. El vínculo con el gobierno de Rousseff va camino a consolidarse como la mejor relación diplomática, pero el rol de la cancillería allí es casi nominal.

Para complementar un mes muy malo para Almagro, el gobierno argentino solicitó quitarle la inmunidad diplomática a Bustillo para llevarlo ante la Justicia por una causa de presunto contrabando y además para que declare por Riovia.

Fue el hombre uruguayo que soportó el momento más tenso en las relaciones diplomáticas con Argentina. Francisco Bustillo fue el embajador en Buenos Aires durante el conflicto por Botnia. Cuando toda la agenda bilateral estaba congelada tuvo que poner la cara. Pese a ser blanco, se ganó por ello el respeto de los frenteamplistas, en especial del expresidente Tabaré Vázquez. Durante su gestión estuvo involucrado en una causa por presunto contrabando, algo que dice fue una jugada de “persecución política”. Pese a todo ello, el gobierno de José Mujica decidió ponerlo como el principal negociador de uno de los asuntos que estratégicamente más le importaban a Uruguay: el dragado del canal Martín García. Ahora el gobierno tiene el desafío de decidir qué hace con él: sacarlo por el pedido argentino puede resultar una señal de debilidad; pero mantenerlo puede representar una dificultad mayor para las negociaciones.

El tercer factor  de distorsión interna lo genera el actual embajador uruguayo en Buenos Aires. Hasta ayer, que se lo vio en Presidencia reunido con Mujica y Almagro, Guillermo Pomi estuvo totalmente ausente en este conflicto. Sin embargo, en la cancillería le endilgan un rol casi opositor a la gestión de Almagro. Su relación con el ministro y con Bustillo es mala. Pero tiene línea directa con el presidente y en el Palacio Santos creen que será el sucesor de Almagro en caso de que el canciller sea relevado. Según la visión de algunos jerarcas del gobierno, Pomi parece un kircherista más. Tiene muy buena llegada con los argentinos y le atienden el teléfono funcionarios de primera línea de la Casa Rosada, algo que hoy no lo puede lograr casi nadie en la cancillería. De todas formas, los resultados de esas gestiones no se ven, dicen sus detractores.

Así las cosas el escenario diplomático es complejo para Uruguay: tiene a su negociador por el dragado totalmente jaqueado y enfrentado a la contraparte; el ministro debilitado políticamente a la interna y hacia afuera; y el embajador en Argentina cuestionado.